Por primera vez se le da un lugar a los derechos de la naturaleza
En Colombia es la primera vez que se le da derechos a un río, a los recursos como tal, más allá de las personas y de las comunidades.
Como un hito histórico calificó Ximena González la sentencia de la Corte Constitucional que declaró por primera vez que un río “es sujeto de derechos” y ordenó la protección y conservación inmediata del Río Atrato, su cuenca y afluentes, a cargo del Estado.
González es la vocera del Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna, quien presentó la tutela que motivó el histórico pronunciamiento, en representación del Consejo Comunitario Mayor de la Organización Popular Campesina del Alto Atrato, el Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato, la Asociación de Consejos Comunitarios del Bajo Atrato, entre otros.
“Es un fallo muy importante, histórico para Colombia, porque por primera vez se le da un lugar a los derechos de la naturaleza. En Colombia es la primera vez que se le da derechos a un río, a los recursos como tal, más allá de las personas y de las comunidades”, señaló.
González explicó que la Corte Constitucional declaró que el río Atrato es vital para las comunidades, por lo que el Estado debe intervenir para recuperarlo, en bienestar de los chocoanos.
“Lo que hace la Corte es un experimento de darle por primera vez derechos a este río. Ordena que se cree una comisión de Guardianes del Río Atrato, integrada por personas de las comunidades y el Gobierno Nacional. Ordena que se cree una Comisión de Expertos que asesoren a esos guardianes del río, con la idea de generar un plan de intervención integral para recuperar y proteger al Atrato”, explicó.
La abogada explicó que la tutela se interpuso en representación de varios consejos comunitarios del Chocó porque el río Atrato, como el tercero más importante del país, estaba viéndose afectado por diversas situaciones de extracción de oro de manera ilegal y por la ausencia del Estado de proveer a los ciudadanos de la zona con servicios básicos.
“Las comunidades viven del río, su cotidianidad, para consumir alimentos, para bañarse, requieren del río. Así que todos los efectos contaminantes de estas actividades extractivas estaban teniendo un efecto preocupante en la salud de la población, en el ambiente, presencia de mercurio con las consecuencias que esto implica. El río estaba siendo destruido”, explicó González.
La abogada señaló que el Centro de Estudios espera una medida estructural, tras tantos años de olvido, por lo que la determinación está acorde a sus intereses. No obstante, consideran el fallo como un inicio del trabajo que está por hacerse en pro del río Atrato.
“Colombia está cansada de tantos fallos de papel que no transforman la realidad. Para nosotros es claro que el fallo es un inicio en lograr la materialidad de estos derechos. Tenemos que hacer un gran trabajo, necesitamos que haya recursos para que esto se pueda materializar en programas reales”, explicó.
La sentencia ordenó no solo un ataque frontal contra la minería ilegal, sino también que se detenga el uso de sustancias tóxicas para la extracción de minerales, tanto de manera legal como ilícita. Sobre la contaminación que produce el mercurio, González explicó que cuando este entra en contacto con el agua se vuelve metilmercurio que “es aún más tóxica”.
“El mercurio que está en el agua los peces lo consumen y va a terminar a los seres humanos. Estamos ante un problema de salud pública de enormes dimensiones. Por otro lado, todo ese río con grandes cantidades de sustancias tóxicas desemboca en el mar caribe y de ahí con efectos que no conocemos. El hecho que la Corte estableciera medidas sobre el mercurio era más que necesario”, agregó.
En fallo de tutela, la Corte declaró que el río Atrato es sujeto de derechos que implican su protección, conservación, mantenimiento y restauración del río en sí mismo y ordenó que el Gobierno Nacional debe ejercer la tutoría y la representación legal de los derechos del afluente: “La Corte ordenará al Gobierno Nacional que ejerza la tutoría y representación legal de los derechos del río (a través de la Institución que el Presidente de la República designe, que bien podría ser el Ministerio de Ambiente) en conjunto con las comunidades étnicas que habitan en la cuenca del río Atrato en Chocó”.
